El Pleno de la Diputación de Cuenca ha aprobado, con el voto a favor de PP y PSOE y la abstención de IU, dos mociones presentadas por el grupo popular, instando al Gobierno de España a modificar la Ley de Aguas, con el fin de que los regantes de nuestra provincia puedan hacer un mejor uso de los recursos hídricos existentes en su entorno.
En concreto, el Pleno de la Diputación ha aprobado instar al Estado a introducir en la Ley de Aguas la posibilidad de que el derecho al uso de las aguas se pueda realizar destinando las mismas a otros predios próximos entre sí, pertenezcan o no al mismo titular y cuya superficie no exceda de las 10 hectáreas y no tenga establecido ese ámbito territorial figura alguna de protección ambiental.
Y, de la misma manera, introducir en la mencionada norma otra modificación en el sentido de ampliar esa posibilidad de solicitar la transformación en concesión de aguas públicas con el volumen máximo anual reconocido y para el mismo o superior uso a todos los titulares de aprovechamientos por disposición legal situados en el ámbito definido por el Plan Especial del Alto Guadiana, que con anterioridad a la publicación del acuerdo de declaración en riesgo de la correspondiente Masa de Agua Subterránea a la que pertenezcan aquellos, estén inscritos en la Sección B del Registro de Aguas, o que hubieran solicitado la preceptiva autorización, siempre que les sea finalmente concedida.
Lucha contra la procesionaria
También ha sido aprobada otra moción del Grupo Popular, en esta ocasión con el apoyo de IU y el voto en contra del PSOE, en la que insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a la puesta en marcha de un plan contra la plaga de la procesionaria del pino. Y es que su incidencia en la provincia de Cuenca es bastante considerable, lo que, a juicio del PP, hace necesario que el Ejecutivo de García-Page, como organismo responsable en materia de sanidad vegetal, realice los necesarios informes técnicos para delimitar las zonas afectadas por esta plaga, su potencial expansión a zonas aún no afectadas y el control de futuras plagas puestas en el año 2018 para proceder a planificar y ejecutar los tratamientos más eficaces que eviten el deterioro del medio natural y patrimonio forestal, así como los graves problemas de salud para las personas.
