Ante la respuesta de la Comisión de Agricultura a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en relación a la queja presentada por Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, la organización resalta el hecho de que, en la misma, no se contradice el perjuicio, real e importante, ocasionado a los agricultores ecológicos con las decisiones adoptadas por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural limitándose a admitir que no son contrarias a la normativa comunitaria.
La queja fue presentada por Unión de Uniones en 2016 y ha pasado en dos ocasiones por la Comisión de Peticiones que, tras no sentirse completamente satisfecha con la información remitida por las autoridades autonómicas a su requerimiento, el pasado año solicitó el parecer de la Comisión de Agricultura.
Según la respuesta, difundida en diferentes medios y sobre la que la organización no tiene aún noticia oficial, la Comisión de Agricultura sostiene que la decisión de recortar las ayudas a todos los agricultores ecológicos entre un 29 y un 67% con carácter retroactivo y la expulsión del sistema de muchos de ellos se adoptó en un procedimiento que no es contrario a la legislación. No obstante, en ningún momento el órgano parlamentario contradice que tales perjuicios efectivamente se han ocasionado, señalando que los productores que la cláusula suspensiva contenida en la orden de 2015 “debería haber alertado a los productores de que los importes mencionados en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) no eran definitivos”.
Según interpreta Unión de Uniones, la Comisión de Agricultura viene a decir que aunque tengan un PDR aprobado y una Orden de convocatoria publicada, “los agricultores y ganaderos no podemos fiarnos de la Consejería de Agricultura porque ésta puede cambiar las condiciones de las ayudas cuando y como quieran, aunque ello nos represente graves perjuicios económicos. La Comisión de Agricultura le hace así un flaco favor a la credibilidad de nuestras administraciones”.
La organización lamenta que la Comisión de Agricultura no haya entrado en el verdadero fondo de la cuestión que es “si dichos perjuicios económicos son o no ciertos, que lo son, y si los agricultores y ganaderos nos hallamos desamparados por este tipo de decisiones, que, al parecer, lo estamos”.
Unión de Uniones duda de que la Comisión de Agricultura le haya dedicado a la cuestión el detenimiento que ésta merecía. Si lo hubiera hecho sabría que el acuerdo de incrementar las ayudas, al que hacer referencia el órgano parlamentario aludiendo al conocido como Pacto de Tomelloso firmado por UPA, COAG, ASAJA y las Cooperativas de la región, fue posteriormente repudiado por alguno de sus firmantes y, finalmente, incumplido por la Consejería de Agricultura.
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha subraya también que la Comisión recuerda que cualquier modificación del PDR, como la que provocó el recorte de ayudas y la expulsión del sistema a muchos agricultores, necesita del dictamen del Comité de Seguimiento del PDR en donde todos los firmantes del citado acuerdo.
La organización queda a la espera de que se le comunique la decisión que adopte finalmente la Comisión de Peticiones, pero en todo caso se reafirma en que, en su opinión, se ha demostrado sobradamente que fue un error la decisión adoptada por la Consejería de Agricultura de recortar brutalmente las ayudas ecológicas con carácter retroactivo, provocando la salida del sistema de muchos de ellos y graves daños económicos a todos los productores ecológicos “por lo que el Consejero de Agricultura se merece todo el carbón que éstos le quieran entregar”.
Entrega simbólica de carbón
Para Unión de Uniones, “los responsables de esta decisión se merecen todo el carbón que los agricultores les quieran echar”, en alusión al acto organizado este por la Plataforma en defensa de la Agricultura Ecológica en el que se ha entregado simbólicamente carbón al presidente de la región, Emiliano García-Page, y al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, “por no cumplir la promesa realizada en junio de 2018 para solicitar a Bruselas la reunificación de las líneas de agricultura ecológica y por no haber pagado todavía las ayudas de 2017 a todos los agricultores ecológicos” y también al vicepresidente José Molina, “socio de Gobierno y cómplice, que el año pasado prometió que intervendría en las actuaciones del Presidente y del Consejero, pero hasta la fecha no ha hecho nada”.
