Esta semana la Comisión Europea ha presentado una propuesta para recabar mayor información de los Estados miembros, así como de otros países terceros y operadores, relativa a la transición de precios desde que los productos salen del campo hasta que llegan a los consumidores. Unión de Uniones, que con insistencia ha denunciado la “diferencia escandalosa” entre los precios percibidos por agricultores y ganaderos y los precios en la bolsa de la compra, espera que la norma, de aprobarse, sirva, no sólo para dotar la formación de precios de una mayor transparencia, sino para a posteriori que las autoridades impongan medidas para corregir los desequilibrios de precios que se detecten en la cadena.
Según informa la CE, la propuesta presentada, de llevarse a cabo, permitiría disponer de información crucial sobre la manera en que se determinan los precios a medida que los productos agroalimentarios van pasando por las distintas etapas de la cadena de suministro de alimentos.
Las diferencias entre los precios de compra y los de venta pueden proporcionar información sobre los costes intermedios (como el transporte, los seguros, el almacenamiento, etc.) que se van generando entre el vendedor y comprador; al tiempo que una mayor transparencia puede contribuir a que se adopten mejores decisiones empresariales y a incrementar la confianza en que, entre las distintas fases de la cadena de suministro de alimentos, se dan unas prácticas comerciales cabales.
El nuevo reglamento permitiría también a países terceros y operadores, como ahora lo hace con los Estados miembros, el acceso al sistema tecnológico de la Comisión para realizar las notificaciones de precios e incluir también en las obligaciones de las comunicaciones las cantidades que se mueven. Los Estados miembros pueden incluso delegar en determinados operadores el comunicar todas estas informaciones a la Comisión, identificando ante este órgano a dichos operadores.
No obstante, seguramente la modificación más importante consiste en que hasta ahora, la Comisión solo requería información de los precios de venta, y ahora exige igualmente que se le notifiquen también los precios a los que los operadores compran en el mercado. Esto se justifica en que el Ejecutivo comunitario opina que abunda la información sobre precios de los mercados agrícolas, pero que se conoce bastante poco de lo que sucede sobre lo que pasa entre los agricultores y los consumidores durante el proceso de transformación y comercio. La falta de información procedente de los transformadores y minoristas sobre la evolución del mercado es lo que la Comisión llama “caja negra” de la cadena agroalimentaria y es esta caja lo que quiere abrir con su propuesta.
Las nuevas medidas propuestas se aplicarán a los sectores de la carne, los huevos, los productos lácteos, las frutas y hortalizas, los cultivos herbáceos, el azúcar y el aceite de oliva.
El Comisario de Agricultura, Phil Hogan, expone esta nueva propuesta como un elemento más para reforzar la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria, tras la aprobación de la Directiva contra las Prácticas Comerciales Desleales, publicada este pasado mes de abril y que los Estados miembros tendrán que adaptar legalmente antes de mayo de 2021 y aplicar antes de noviembre de ese mismo año.
Unión de Uniones contempla esta medida como “otro paso para reducir la opacidad con la que se forman los precios a lo largo de la cadena”, pero señala también que lo más importante no es disponer de esa información, sino lo que las autoridades estén dispuestas a hacer con ella para equilibrar el reparto del valor añadido que se genera y que sus beneficios lleguen también a los productores.
