Bruselas impondrá fuertes sanciones contra la contaminación de aguas por nitratos

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La Comisión Europea (CE) ha dado un ultimátum a España para que actúe frente a la insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación procedente de fuentes difusas agrarias e industriales. Recientemente, la CE ha dado un paso más en el procedimiento de infracción y sanción por el incumplimiento de España de la Directiva de Nitratos, con la publicación del Dictamen Motivado del 2 de julio de 2020.

El incumplimiento reiterado de la Directiva de Nitratos (Directiva 91/676/CE del Consejo) puede tener importantes consecuencias y sanciones económicas a España, tal y como advirtió la CE en noviembre de 2018 en su Carta de Emplazamiento. En este sentido, solicitamos a las autoridades españolas que destine una parte importante de los fondos de reconstrucción a mejorar la salud de los ecosistemas acuáticos y a prevenir las multas por la deriva en contra de la legislación ambiental europea.

En opinión de la CE, España no está controlando sus aguas de manera efectiva y debe revisar las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación difusa por nitratos.

Asimismo, la CE pide a España que evalúe la eficacia de los programas de actuación que ha puesto en marcha hasta la fecha, e insta a las autoridades a que pongan en práctica nuevas medidas obligatorias que aseguren el cumplimiento de la Directiva de Nitratos y la Directiva Marco del Agua. A pesar de existir algunos avances en el seguimiento de estas presiones difusas, la CE insiste en que España tiene que garantizar la estabilidad de la red de seguimiento de los nitratos, revisar y designar aún más y mejor las Zonas Vulnerables de Nitratos (ZNV) y tomar medidas adicionales o acciones reforzadas para lograr los objetivos de la Directiva de Nitratos en varias comunidades autónomas.

Según datos de la organización conservacionista WWF, en algunos ríos, humedales y acuíferos españoles se han detectado concentraciones de nitratos por encima de 100 mg/L, muy por encima del límite legal de la norma de calidad ambiental de 50 mg/L de nitratos, dando una idea del grave problema de contaminación difusa que padecemos.

El dictamen motivado de la CE da a España tres meses para tomar medidas ambiciosas y eficaces con las que abordar las deficiencias identificadas. De lo contrario, la CE puede remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para iniciar un procedimiento de infracción, lo que supondría una importante sanción económica más que añadir a las que ya acumula España por el incumplimiento de la Directiva de depuración de aguas residuales.

Desde WWF, consideran que no ha existido una adecuada coordinación entre las distintas administraciones responsables (Medio Ambiente y Agricultura, de las CC.AA. y las Confederaciones Hidrográficas y la Dirección General del Agua) durante todo este tiempo y, a pesar de las reiteradas advertencias de la CE sobre el mal estado de las masas de agua, no se ha avanzado prácticamente nada en la resolución del problema de la contaminación difusa de origen agrario.

Por ello, instan a las autoridades españoles a que pongan urgentemente en marcha medidas eficaces para reducir la aplicación de fertilizantes por parte de los usuarios agrícolas, y controlar los purines procedentes de la ganadería, así como a iniciar las medidas necesarias para detener el deterioro y mejorar el estado de los ríos, humedales y acuíferos afectados por estas presiones. El cumplimiento de los objetivos ambientales de los Planes Hidrológicos y la restauración de los ecosistemas acuáticos tiene que ser la prioridad de las autoridades del agua en este tercer ciclo de planificación (2021-2027).

PAC

En este sentido, el futuro Plan Estratégico de la Política Agraria Común, que está aún en proceso de diseño, debe reforzar los controles y sanciones para quien incumpla lo establecido en las normas para luchar contra la contaminación por nitratos de origen agrícola y ganadero. Además, tiene que proporcionar herramientas para asesorar en el empleo adecuado de los fertilizantes, ahorrando costes y promoviendo modelos de producción agroecológica. Adicionalmente, las autoridades competentes en materia de agricultura deben poner freno a las grandes instalaciones industriales ganaderas, en gran parte responsables de esta catástrofe ambiental y para la salud de las personas.

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