Cocampo ha publicado este domingo las fichas informativas de las 17.000 fincas rústicas del Estado y presentado un informe de su Servicio de Estudios sobre su capacidad para contribuir al relevo generacional.
El estudio se titula ‘Las 17.000 fincas del Estado. Radiografía del patrimonio rústico anunciado para favorecer el relevo generacional’.
Tras ocho meses
La investigación se publica en vísperas de que se cumplan ocho meses del anuncio realizado el 14 de enero por el presidente del Gobierno, que habló de “unas 17.000 fincas rústicas” que serían analizadas para valorar su aptitud agraria y, en su caso, puestas a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.
Cocampo ha analizado la información pública disponible: 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los que 15.510 figuran con ‘Patrimonio del Estado’ en el campo denominado «Uso» por la propia fuente.
Su publicación es exclusivamente informativa y no implica que los inmuebles estén actualmente en venta, arrendamiento o cesión.
Tres de cada cuatro tienen menos de una hectárea
Los 15.510 inmuebles identificados como Patrimonio del Estado tienen una superficie mediana de apenas 0,416 hectáreas. El 76,4% tiene menos de una hectárea, solo 176 alcanzan las 10 hectáreas y únicamente 40 igualan o superan las 30.
El tamaño es solo una parte del problema. La información pública no permite determinar de forma homogénea cuántas propiedades son agrícolas, forestales, pastos o terrenos improductivos, ni cuáles disponen de regadío efectivo, derechos de agua, suelos adecuados o condiciones suficientes para su explotación.
Secano rabioso
La incógnita ya fue planteada por el sector agrario al día siguiente del anuncio. Miguel Padilla, secretario general de COAG, advirtió: “Si las fincas son de secano rabioso, no hace falta que las den porque son prácticamente inservibles”. Lo que queda se parece a lo que el Estado lleva años intentando vender
El Estado lleva más de una década sacando patrimonio rústico al mercado. Cocampo ha reconstruido a partir del BOE una base de 11.576 referencias catastrales rústicas distintas.
Su perfil es muy similar al actual: entre las referencias históricas con superficie identificada, la mediana es de 0,429 hectáreas y el 73,8% no alcanza una hectárea, frente a una mediana actual de 0,416 hectáreas.
En las 8.861 referencias con un precio de salida identificable, la mediana es de aproximadamente 780 euros y más de la mitad se sitúa por debajo de 1.000 euros. No se trata necesariamente del precio final de venta.
Además, 3.409 referencias (29,4%) aparecen más de una vez en los anuncios analizados del BOE y más de 1.300 figuran en cuatro ocasiones o más. La repetición puede responder a distintas causas, pero muestra la dificultad recurrente para movilizar una parte de estos activos.
Tierra Joven
Junto a las 17.000 fincas, el Gobierno anunció Tierra Joven, una plataforma destinada a reunir oferta y demanda y mejorar la transparencia del mercado de tierras. Sobre su puesta en marcha, el presidente afirmó que sería «de manera inmediata» y añadió: «No vamos a tardar meses».
«El problema no es dónde publicar las fincas. Cocampo ya hace visible la oferta rústica y conecta propietarios y compradores. El trabajo difícil está antes: identificar correctamente los activos, conocer su situación jurídica y agronómica y determinar cuáles pueden ponerse realmente en uso», señala Regino Coca, fundador y CEO de Cocampo.
El propio Programa de Puesta en Valor 2023–2030 de Patrimonio del Estado identifica problemas de identificación, ocupaciones, mantenimiento, regularización en Registro y Catastro y duración de los procedimientos patrimoniales.
Una ayuda posible, no una solución estructural
El informe considera positivo que los inmuebles públicos aptos puedan ponerse a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales. Los datos, sin embargo, permiten acotar las expectativas.
“La cartera puede contribuir al relevo generacional. Pero, por su estructura y por todo lo que todavía falta conocer sobre la aptitud de los activos, difícilmente puede constituir por sí sola una solución estructural al problema de acceso a la tierra”, concluye Coca.
El estudio apunta también a mejorar la identificación de la propiedad, actualizar titularidades, coordinar Registro y Catastro y facilitar, cuando sea necesario, la agregación de pequeñas parcelas en unidades económicamente útiles.
