A raíz de la crisis de Ceuta está apareciendo en España un movimiento de boicot a productos procedentes de Marruecos, aunque conviene distinguir entre una campaña ciudadana/redes sociales y una campaña institucional de gran escala.
De momento, no existe un boicot nacional organizado con respaldo de las principales asociaciones de consumidores.
Hay, no obstante, señales de que el movimiento está creciendo. El 8 de septiembre, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro (ACUSVAL) pidió públicamente a los consumidores que, de forma “voluntaria, pacífica y dentro de la legalidad”, eviten comprar productos de origen marroquí como respuesta a lo ocurrido en Ceuta.
#BOICOTMarruecos
En redes sociales también circulan desde agosto llamamientos bajo etiquetas como #BOICOTMarruecos, centrados especialmente en alimentación y productos de supermercado. Algunos usuarios están intentando identificar el país de origen antes de comprar.
Incluso ha aparecido una herramienta específica: una extensión de Chrome denominada Mercabien, que analiza productos de la tienda online de Mercadona e intenta señalar cuáles son de origen marroquí, español o de origen dudoso.
Y Hazte Oír está difundiendo una campaña de “boicot total a Marruecos”, pidiendo presionar a las grandes superfices para que prioricen producto español frente al marroquí.
Sector agrícola
En el sector agrícola hay un movimiento distinto y bastante más consolidado. No necesariamente pide al consumidor un boicot, pero sí reclama frenar ventajas comerciales adicionales a Marruecos.
Unión de Uniones pidió el 6 de agosto que la crisis de Ceuta no termine en nuevas concesiones comerciales, financieras o productivas que perjudiquen al campo español.
La cuestión agrícola tiene además un trasfondo económico real. Esta misma semana COAG ha denunciado, por ejemplo, que el aumento de las importaciones de sandía procedente de Marruecos está presionando los precios españoles.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Ceuta ha pedido que no se conviertan estas campañas en señalamientos contra establecimientos concretos de la ciudad, advirtiendo del posible daño económico y laboral.
