Este martes se inician las mesas de negociación entre el Ministerio de Agricutura, Pesca y Alimentación y las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA para intentar paliar la crisis que sufren los agricultores y ganaderos españoles. En la primera de ellas se abordan los seguros agrarios, a lo que seguirán tema como fiscalidad, costes energéticos y empleo, acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales.
El objetivo es conseguir un plan de choque urgente que recoja medidas eficaces para abordar la crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias, pero ¿qué exigen desde estas organizaciones?
Seguros
En el área de seguros agrarios, ASAJA, COAG y UPA reclaman, entre otras cuestiones, ajustar el sistema de seguros agrarios a la nueva realidad de cambio climático para asegurar un nivel de cobertura mínimo ante grandes catástrofes que permita, además, un aseguramiento a la carta según sectores y sensaciones de riesgo. Y todo ello en unas condiciones de precios razonables para los productores. Para ello, consideran “imprescindible” recuperar un presupuesto público anual de todas las administraciones en torno a los 400 millones de euros. El recorte acumulado del 35% en periodo 2013-2020, ha supuesto una subida del 20% de la prima del seguro para el agricultor.
Fiscalidad
En la Mesa de Fiscalidad, Costes Energéticos y Empleo, plantean el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, de medidas urgentes contra la sequía, para que pueda aplicarse lo que recoge en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos. Los regantes tienen la necesidad de una elevada potencia para bombear agua durante los meses de riego, pero cuando termina su campaña de riego, siguen obligados a utilizar la misma potencia contratada, pagando un coste muy alto durante los meses en que no la usa.
Fiscalidad
En materia fiscal, las organizaciones agrarias abogan por un incremento de los gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF de un 15%; de la reducción del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de la factura de plásticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la Estimación Objetiva (estas tres medidas ya se pusieron en marcha por parte de los ministros socialistas Elena Espinosa y Pedro Solbes).
Igualmente, para contrarrestar la subida de los costes de producción haría falta reducir el IVA de los insumos, así como el incremento en dos puntos en la compensación del IVA del régimen especial. En impuestos indirectos, las tres organizaciones han solicitado la exención del 85% del impuesto especial de electricidad para los sectores ganaderos.
Empleo
Respecto al empleo, ASAJA, COAG y UPA solicitan bonificaciones en materia de seguridad social en los costes empresariales para mitigar la subida de los costes laborales, así como permitir a los parados mayores de 52 años en Extremadura y Andalucía que puedan compatibilizar el cobro del subsidio con el trabajo que puedan realizar y no sufran penalización alguna.
Acuerdos comerciales
En la mesa de acuerdos comerciales demandarán un mayor control en frontera para evitar que se incumplan de forma sistemática las cantidades y precios de entrada recogidos en los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países. Además, instarán al Ministerio de Agricultura a que trabaje en Bruselas para que se exijan a las importaciones de productos agrarios los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, sanidad vegetal y protección sociolaboral que cumplen las producciones europeas.
En lo referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la normativa española, ASAJA, COAG y UPA han pedido al Ministerio que aproveche este trámite legislativo para ampliar la figura del mediador a los contratos individuales, para reducir la indefensión del productor respecto a sus compradores. También reclaman que se establezca un registro oficial de contratos de compra-venta de productos agrarios y que las relaciones contractuales con el canal HORECA también estén sometidas a la Ley de Cadena Alimentaria.
De forma paralela a estas negociaciones, continúa con fuerza el proceso movilizaciones a lo largo y ancho de toda la geografía española.
