El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación resume en 49 puntos los parámetros que tienen que dirigir el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) en un documento que destaca el carácter social, verde y más justo -con nueva redistribución de fondos- de la nueva programación.
El dossier se divide en seis bloques en los que se desgranan porcentajes, cuantías, fechas o criterios a cumplir para determinar a quién van dirigidos los fondos y cuánto les corresponde.
El principal bloque es el del primer pilar de la PAC, en el que se detalla que, dentro de las ayudas directas -desvinculadas de la producción-, se reserva el 60% a la básica a la renta para la sostenibilidad; y a la ayuda complementaria redistributiva para la sostenibilidad (pago redistributivo), una sexta parte de la ayuda básica a la renta, equivalente al 10 % del total de las directas.
Se incluye un 23 % destinado al pago de regímenes voluntarios para el clima y el medio ambiente (los eco-esquemas), que unido al 2 % que España puede computarse por su mayor gasto medioambiental en desarrollo rural, permitirá alcanzar el 25 % exigido por el Reglamento.
En ayudas directas vinculadas a la producción, se destina el 12,43 % a pagos asociados distintos a los cultivos proteicos y un 1,95 % para los proteicos.
Hay además en el documento del MAPA una intervención sectorial al olivar tradicional a través de organizaciones de productores, con una aportación del 0,62 % de los fondos.
En cuanto a la definición de «agricultor activo», los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC deberán cumplir con la condición de estar afiliado a la Seguridad Social agraria por cuenta propia, cuando al menos el 25% de sus ingresos totales sean de dicha actividad o a quienes reciban un importe anual en concepto de ayudas directas igual o inferior a 5.000 euros.
Para conseguir un reparto más equitativo, plantea que el importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada beneficiario se reducirá progresivamente a partir de la cantidad percibida que supere el importe de 60.000 euros.
Además, el importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros al año por beneficiario.
Por otro lado, se mantendrá en 300 euros el umbral mínimo para la percepción de ayudas directas.
En el proyecto de 49 puntos se incluye que el importe por hectárea de la ayuda básica a la renta se distinguirá por regiones, que se reducirán a un máximo de 20, y en las se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes.
A partir de 2023, esa ayuda se concederá sobre la base de los derechos individuales de pago que estén asignados a cada beneficiario al finalizar la campaña de 2022.
El valor nominal de cada derecho de pago convergerá hacia el valor medio de cada una de las regiones establecidas, en cinco etapas iguales, comenzando la primera en 2022; de modo que las solicitudes de ayuda correspondientes a 2026, los derechos alcancen al menos el 85 % del valor medio de la región de que se trate. En todo caso, la convergencia continuará a partir de 2027, para llegar en 2029 a la convergencia plena.
Para facilitar el relevo generacional, se destinará más de 140 millones de euros anuales, el 3 % del presupuesto de las ayudas directas (primer pilar).
El plan propone también el establecimiento de importes adicionales para impulsar el papel de la mujer en las actividades agrarias.
Dentro de la dimensión social de la nueva PAC, el informe de 49 puntos del Ministerio recoge el desarrollo de un sistema de cruce de información sobre las infracciones y sanciones en las directivas laborales recogidas en el proyecto de Reglamento de planes estratégicos para que sea operativo en 2024.
