El 1 de abril entró en vigor el Real Decreto-ley 32/2021 que reforma el Estatuto de los Trabajadores y que endurece las condiciones de la contratación a empresarios. En el sector agrario la principal novedad es la eliminación de los contratos por obras y servicio que eran los utilizados en su mayoría para las labores en el campo, especial, las de poda, recolección, etc.
Desde La Unión Extremadura advierten que, para estas labores temporales, los agricultores y ganaderos tendrán que utilizar, por defecto, la contratación como fijo discontinuo a todos los obreros que precisen, aunque el periodo de trabajo sea en un corto espacio de tiempo.
Recuerdan que en el sector agrario las principales necesidades de mano de obra son temporales y debido a que la mayor parte de las explotaciones son familiares además de temporales son de escasa duración, por lo que tener que contratar a la mano de obra como fija supone “unos inconvenientes importantes para los empleadores de este sector”.
Añaden que “se agrava esta situación con la idiosincrasia de los trabajadores contratados, muchos de ellos rumanos y magrebíes, con domicilio ambulante donde va a ser prácticamente imposible el ponernos en contactos con ellos en campañas sucesivas para priorizarlos a la hora de la contratación, ya que si no se realiza esta comunicación por escrito y de forma fehaciente se considerará como despido improcedente”.
“En La Unión no estamos en contra de la estabilidad en el empleo, pero no se puede hacer fijos, aunque sean discontinuos, a trabajadores que van 5 días a la recolección o a la poda”, señalan.
La Unión ha remitido un comunicado urgente a la Delegación del Gobierno en Extremadura en la que traslada que “la actual norma no se puede aplicar en el sector agrario y que además tiene más lagunas que certezas, por lo que hemos solicitado un aplazamiento en su entrada en vigor hasta que se analicen con criterio técnico la mediadas aprobadas y que no se pueden aplicar”.
“Si el Ministerio de Trabajo y Economía Social siguiera obligando con sanciones a aplicar una norma inaplicable en el sector agrario lo único que va a conseguir es que muchos pequeños empresarios renuncien a explotar cultivos sociales y nos vayamos a cultivos mecanizados sin uso de mano de obra, aumentando el paro en Extremadura”, advierten.
Por último, señalan que no entienden que las organizaciones agrarias UPA (federada a UGT) y Asaja (afiliada a la CEOE) hayan pactado esta reforma que tanto perjudica al sector agrario.