Según los datos recientemente ofrecidos por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el año 2017, se habrían presentado en España 745.371 solicitudes de la PAC, que serían 134.900 menos que las tramitadas en 2014, con carácter previo a la entrada en vigor de la anterior Reforma.
Tras evaluar los datos de evolución de perceptores de ayudas PAC de las últimas campañas, Uniones de Uniones considera que la mayor parte de la reducción de entre 2014 y 2017, de un 15,3 % de los beneficiarios, se debe a la elevación de 100 a 300 euros del tope mínimo de ayudas a percibir. La nada exigente definición de agricultor activo aplicada en España por el Ministerio de Agricultura ha influido en muy pequeña medida en esta bajada de los perceptores.
Dicha reforma trajo, entre otras novedades, la exigencia de ser Agricultor Activo para percibir pagos directos, en base a una definición decidida por el Ministerio de Agricultura que por aplicación de sucesivas excepcionalidades ha permitido que se considere activo a cualquiera que pudiera acreditar la responsabilidad empresarial de la explotación, sin considerar su vinculación profesional a la actividad agraria. No obstante, tanto desde el Ministerio, como desde las Consejerías de Agricultura de algunas Comunidades Autónomas han pivotado sobre dicha definición la reducción de beneficiarios al, presumiblemente, acabar con los “agricultores de sofá”.
No obstante, la Reforma de la PAC decidida por el Ministerio estableció también la elevación en dos campañas del importe mínimo necesario para cobrar la ayuda PAC, de manera que en 2015 era de 100 euros y en 2017 y siguientes es de 300 euros. El estado español podía no obstante haber decidido dejar dicho límite en los 100 €. Este incremento del mínimo es el que fundamentalmente ha ocasionado la expulsión de las ayudas directas de la mayor parte de los beneficiarios que han salido del sistema en estas últimas campañas.
Efectivamente en el año 2015 había en España 116.620 beneficiarios del régimen de Pago Único que cobraban entre 100 y 300 euros que constituirían el grueso de los agricultores que ya no aparecerían en el listado de beneficiarios. Aunque la cantidad no es exactamente comparable, el régimen de pago único suponía el 80 % de los pagos directos, por lo que se trata de una aproximación bastante fiable, aunque no tiene en consideración las ayudas acopladas y otros regímenes de ayuda que también computan para el límite mínimo de pago.
Los datos por Comunidades Autónomas confirmarían este hecho, porque son, en general, las Comunidades Autónomas que tenían mayores porcentajes de pequeños perceptores en 2015 las que habrían visto reducir en mayor medida su número de beneficiarios en estos años. Así, por ejemplo un 28,6% de los expedientes de pago único en la Comunidad Valenciana estaban por debajo de los 300 euros, el más alto de España, y también la reducción sufrida, del 32,3 %, es la mayor de España. Por el contrario, Aragón, con sólo un 11,1% de perceptores de menos de 300 euros en 2015, ha disminuido el número de beneficiarios un 9,2%.
Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha entre 2014 y 2017 se ha pasado de 146.546 solicitudes PAC a 125.091, con una disminución del 14,6 %. Una buena parte de dicha reducción se debe también a los productores que por el hecho de sumar ayudas directas por debajo de los 300 euros no tienen derecho al cobro. Concretamente, en 2015, en la región había 12.915 de perceptores de pago único por debajo de dicha cantidad, que eran el 16,3 % del total de solicitantes de la región.
Unión de Uniones, que ha defendido en todo momento la aplicación de una definición de agricultor activo mucho más rigurosa y cercana al profesional agrario acudiendo incluso a denunciar ante la Comisión Europea la normativa española, considera que ni el Ministerio, ni las Comunidades Autónomas se han preocupado de concentrar las ayudas en los verdaderos activos agrarios, sino, simplemente, de quitarse carga de trabajo dejando sin ayudas a más decenas de miles de pequeños agricultores, muchos de ellos profesionales, pero en sectores que tradicionalmente han contado con poca o ninguna ayudas directas.
Por lo tanto, la organización seguiría insistiendo de cara a la futura Reforma que se mantenga y refuerce la figura de agricultor activo como beneficiario de las ayudas de la PAC y que no se haga uso en España de la facultad de eliminar dicha exigencia, en caso de que el llamado Reglamento Ómnibus se apruebe finalmente previendo esta posibilidad.