En las últimas semanas desde varios sectores se han manifestado en contra de la instalación de instalaciones de energías renovables sin control, alertando que “el actual proceso acelerado y desordenado de expansión de las energías solar y eólica en España puede acabar produciendo daños irreversibles a la biodiversidad”.
Así se han expresado científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de diversas universidades públicas y a otros organismos de investigación, entre los que se encuentra el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC, UCLM, JCCM).
Áreas agrícolas
Indican que los nuevos proyectos afectarán a suelos baratos, mayormente áreas agrícolas marginales ocupadas por cereal extensivo de secano o áreas de media montaña, ambas con alto valor ecológico.
En Castilla-La Mancha, un grupo de ciudadanos ha realizado una recogida de firmas contra la instalación de proyectos de energías renovables en terrenos rústicos o parajes naturales de especial relevancia, que ya han remitido al presidente de la Junta de Comunidades y notificado a los diferentes grupos parlamentarios. Además, Juan Portillo, economista y firmante del manifiesto “Por una transición ecológica justa” ha participado en la cadena de televisión Negocios TV explicando el rechazo a estas instalaciones.
También han presentado alegaciones al borrador de “Anteproyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha”.
Indican que la región tiene la mayor superficie de parques solares fotovoltaicos de toda España y es la segunda en energía eólica, pero, a pesar de ser conocidas como “limpias y sostenibles, se oculta su efecto negativo sobre la cobertura vegetal que destruyen estas instalaciones y que afectan irreversiblemente al paisaje, a la biodiversidad de la zona y alteran las actividades locales como agricultura, ganadería, pastoreo, caza o pesca”.
En regiones como Castilla y León advierten de que estas instalaciones pueden motivar que unas 60.000 hectáreas de agricultura y ganadería se vean afectadas por proyectos de este tipo. Lógicamente, esas hectáreas no podrán ser ni cultivadas ni aprovechadas por el ganado.
Y desde EHNE-Nafarroa, sindicato agrario de Navarra y País Vasco, han exigido que se blinden los terrenos de cultivo frente a las macro instalaciones de macroplantas de energías renovables que se quieren proyectar en estos territorios. Indican que “el suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como se debe preservar, estando obligadas las diversas instituciones a establecer medidas legislativas en tal sentido”.