Castilla-La Mancha contará con una Ley de Aguas que considerará este recurso como un derecho humano y un bien público

El Consejo de Gobierno aprueba el Anteproyecto de la Ley de Aguas

Mejorar la gestión del agua, mejorar el servicio que recibe la ciudadanía y mejorar el medio ambiente. Estos son los tres objetivos clave que pretende conseguir el Gobierno de Castilla-La Mancha con la que será la nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, tal y como ha avanzado este jueves el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

Una normativa que considera el recurso agua como un “derecho humano” y lo trata, “a partir de ahora, como un bien público, no privativo” partiendo de un planteamiento basado en la economía circular del agua y del concepto de solidaridad entre pueblos y ciudades, “contribuyendo a mejorar el medio natural y a la preservación de nuestros humedales y con las miras puestas en que el agua tiene que servir también, como la economía, para la redistribución de la riqueza”.

Tras la aprobación esta semana en el Consejo de Gobierno del anteproyecto, y que, tras su posterior paso por el Consultivo -y el último visto bueno del Gobierno regional- se enviará a las Cortes para su aprobación definitiva, prevista para antes de finalizar este año.

Se espera, que la misma sea aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, ya que, como ha explicado el consejero, además de emanar del Acuerdo del Agua de la región, ha sido muy participativa, con más de 60 alegaciones y más de 50 entidades formando parte de su elaboración y discusión posterior del texto.

Puntos relevantes de la Ley

Así, con esta nueva normativa, Castilla-La Mancha va a poder opinar en los procesos de toma de decisiones que tengan que ver con transferencias de cuencas en la región. Siendo, el “reflejo de un anhelo histórico” de la Comunidad Autónoma.

También, esta Ley de Aguas modifica el Consejo Regional del Agua haciéndolo coherente con el órgano “preferente” en esta política hídrica en la región, que es la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha.

Canon medioambiental

En esta nueva Ley se establece un canon medioambiental en cumplimiento, entre otras, de la directiva marco del agua y de la aplicación de normativa de medio ambiente, con el principio de ‘quien contamina paga’ y la recuperación de costes revirtiendo el canon en la realización de obras hidráulicas. La Comunidad Autónoma era, todavía, una de las dos únicas a nivel nacional en las que este canon no estaba en vigor.

Con estas infraestructuras se garantizará el ciclo integral del agua, para lo cual se pondrá en marcha un plan específico de depuración que se presentará en la próxima reunión de la Mesa Regional del Agua, que se celebrará en Albacete a finales de este mes o principios del mes de octubre.

El canon medioambiental, ha dicho Martínez Arroyo, parte de un concepto avanzado de la normativa en materia de agua, “muy progresista” porque pretende también la redistribución riqueza. Y es que estas infraestructuras beneficiarán a toda la ciudadanía de la región, pero habrá una discriminación positiva en el canon a favor de los ciudadanos y ciudadanas del medio rural y otros colectivos, afrontando de esta manera, también, el reto demográfico.

Bonificaciones

Además, se contará con un 100 por cien de bonificación para colectivos que estén en riesgo de exclusión social, víctimas de la violencia género o familias numerosas generales o especiales; un 50 por ciento, para los habitantes de municipios de menos de 2.000 habitantes y, para las de 2.000 a 5.000 vecinos, la reducción será del 25 por ciento; reducción también en el caso de la industria agroalimentaria “pilar económico de la región”, que será del 40 por ciento y, en el caso de las cooperativas y sociedades de transformación, se situará en el 70 por ciento.

Todo, ha dicho Martínez Arroyo, “tras un trabajo exhaustivo desde el punto de vista técnico para que el efecto del canon sea el menor posible y los beneficios fiscales para colectividades en el medio rural los mayores posibles”.

También, se armonizará con esta ley el canon de aducción de las aguas de tal manera que se beneficiará a los habitantes de los pueblos más pequeños, en aplicación de la Ley contra la Despoblación en la región.

Esta nueva normativa, ha subrayado Martínez Arroyo, va a cubrir un “hueco importante” en la región, en esta materia, ya que “nos habíamos quedado muy desfasados”, la realidad de la región ha cambiado en los últimos años y “era muy urgente tomar una decisión en este sentido”, dado que la ley actual del Ciclo Integral del Agua es del año 2002, la cual será derogada con su entrada en vigor.

 

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