Advierten que la nueva Política Agrícola Común (PAC) puede acabar con las Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles

A la hora de cumplir con la figura del agricultor activo

tractor

El 15 de junio terminó el plazo de presentación de propuestas al Plan Estratégico de la nueva Política Agrícola Común (PAC), una última versión que fue presentada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hace unos días, y al que desde Asaja Córdoba han hecho, una vez más, observaciones para intentar que el ministro de Agricultura dé marcha atrás en muchas de sus propuestas iniciales planteadas, “que van contra los intereses de los agricultores y ganaderos cordobeses y andaluces”.

Para Asaja, es sorprendente que esta nueva versión del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) “no sólo no recoge ninguna de las propuestas planteadas por la organización ni por la Junta de Andalucía, sino que introduce nuevas propuestas muy perjudiciales para Córdoba y Andalucía”, como es el caso de la situación de las Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles para el cumplimiento de la figura del agricultor activo.

Lamentan que tampoco ha modificado su propuesta de regiones productivas y de ecoesquemas, dos de las medidas del PEPAC más perjudiciales para Andalucía ya que se reducen de 50 a 20 las regiones de Pago Básico, y se introduce una tasa plana nacional encubierta para los Ecoesquemas en lugar del pago verde actual.

Asaja considera “inexplicable la actitud del ministro y su falta de diálogo porque ha hecho oídos sordos al sector, no se ha reunido nunca en Córdoba, su ciudad de residencia, con el sector, y mantiene su imposición unilateral de reducir las regiones de la PAC de 50 a 20”, lo cual es muy perjudicial para Córdoba y Andalucía, “pues no respeta los equilibrios territoriales y sectoriales actuales, plenamente justificados por las diferencias agronómicas y socioeconómicas, lo que supondrá una notable reducción de la ayuda básica a la renta agravado más por el nuevo pago redistributivo”.

A ello, hay que añadir que la mayor pérdida se produce en los ecoesquemas, pues es por dónde más dinero pierden Córdoba y Andalucía, ya que, en comparación con el actual pago verde los agricultores y ganaderos cobrarán mucho menos y tendrán muchas obligaciones, lo que implica que, de facto, sólo por ello, en torno a un 30% de lo que cobra actualmente podrá verse reducido por menores ayudas directas o por incremento de costes, lo cual es “un disparate”.

De hecho, la Consejería de Agricultura de Andalucía estima que 750.000 hectáreas de secano puedan perder el 30% de sus ayudas actuales; 700.000 hectáreas de olivar sufran una merma de más del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual y todo el regadío andaluz vea reducidas entre un 30 y un 40% sus ayudas.

A modo de ejemplo, en la comarca de Campiña Baja de Córdoba, en cultivos herbáceos de secano la media de pago verde actual es de unos 114,60 € por hectárea, mientras que con los ecoesquemas propuestos recibirían 47,85 €/hectárea, lo que supone una pérdida del 60% por hectárea en esta ayuda.

Por último, los documentos presentados recientemente por el ministerio “incluyen modificaciones muy lesivas para Andalucía en la figura de agricultor activo”. Este cambio afecta fundamentalmente a las comunidades de bienes, las sociedades civiles o las herencias yacentes, que son figuras asociativas sobre todo familiares muy usadas en la provincia.

Por lo tanto, piden a Luis Planas que escuche “de una vez por todas las demandas que el agro andaluz lleva pidiéndole los dos últimos años, y corrija la última propuesta del PEPAC que perjudica en más de 500 millones a Andalucía y que además con las últimas novedades puede suponer el fin de las Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles, que es una figura familiar con una gran implantación en Córdoba y en el resto de Andalucía”.

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